lunes, 24 de agosto de 2015

Un Censo Agropecuario sin campesinos

Un Censo Agropecuario sin campesinos

  • Por: S. Alberto Castilla
"Urge impulsar políticas que reconozcan identidad campesina": senador Alberto Castilla.
Bogotá D.C., agosto 21 de 2015.- La semana pasada se anunció la entrega de resultados del Censo Nacional Agropecuario. La información que se conoce hasta ahora no arroja muchas sorpresas. Por el contrario corrobora las denuncias históricas del movimiento campesino que se ha movilizado con mayor fuerza en los últimos años para exigir una reforma agraria ante la elevadísima concentración de la tierra en Colombia, para denunciar el modelo de agronegocio que ha derivado en el aumento de cultivos permanentes en detrimento de aquellos que garanticen la soberanía alimentaria, y para denunciar el escaso apoyo que los gobiernos han dado a la economía campesina.

Pese a reflejar una historia conocida, las cifras que hasta ahora se conocen del Censo no dejan de ser preocupantes. En primer lugar, la altísima concentración de la tierra: el 69,9% de las Unidades Agropecuarias tiene menos de 5 hectáreas y ocupa menos del 5% del área censada, mientras el 0,4% tiene más de 500 hectáreas y ocupa el 41,1%. Apenas el 6,3% del área rural está cultivada. Y de esta, el 74,8% corresponde a cultivos permanentes, cifra que ha venido aumentando desde el censo de 1960, cuando ocupaba el 43,7%. Todos estos resultados alarmantes, que dan cuenta de un modelo de desarrollo rural profundamente excluyente. Acierta Juan Manuel Santos cuando, rayando en el cinismo, afirma que en el campo "está todo por hacer", tras cinco años en la Presidencia de la República.

Pero lo más alarmante del Censo es que no tuvo en cuenta al campesinado colombiano. Aunque suene paradójico, el DANE no contempló dentro de sus categorías al campesino ni a la campesina al momento de formular las cerca de 180 preguntas que hicieron parte del cuestionario. Aunque las directivas del DANE afirmen que el Censo Nacional Agropecuario no es un censo poblacional, ya que su finalidad es contar con información sobre la situación del campo colombiano, el Censo sí debería reconocer a quienes son sus principales habitantes, máxime si se tiene en cuenta que dentro de sus categorías, el DANE sí indagó por el número de "productores agropecuarios" y no de campesinos propiamente, con lo cual se desconoció la relación que el campesinado tiene con la tierra y la producción social del territorio campesino. Desconocer e invisibilizar a los campesinos y campesinas tiene profundos efectos políticos sobre la manera como el gobierno y distintas instancias se relacionan con el campo, el agro y sus sujetos.

No sorprende que luego de las movilizaciones agrarias, en las que el Presidente de la República se atreviera a asegurar la inexistencia de los paros y protestas, se continué desconociendo a sus principales actores. También preocupa que luego de tres años de iniciadas estas movilizaciones y de haber establecido canales de negociación con el campesinado colombiano, el gobierno continúe negando su existencia, ubicándolos en categorías en las que la mayoría de ellos no se reconoce. Una de las principales demandas campesinas en la actualidad, tanto a nivel mundial como nacional, está relacionada con la exigencia de que se reconozca al campesino, no como un simple productor sino como un sujeto colectivo que reivindica una identidad propia, en virtud de la cual demanda unos derechos específicos y políticas que reflejen su situación.

Teniendo en cuenta que el Censo Nacional Agropecuario es una herramienta para el diseño de políticas púbicas ajustadas a la realidad del campo, es previsible que sus resultados se utilicen para favorecer la visión modernizadora y excluyente del sector agrario (como la que impulsa el proyecto de las Zidres), si no se reconoce la existencia misma de los campesinos que se ven afectados por este modelo. Es por ello urgente impulsar políticas que reconozcan la identidad campesina a aquellas personas que alimentan la nación y que protegen nuestros suelos, aguas y semillas, aunque con preocupación constatamos que el gobierno nacional avanza en dirección contraria.

69 defensores de derechos asesinados en 2015

69 defensores de derechos asesinados en 2015



Las conversaciones de paz en la Habana han avanzado políticamente en términos de los acuerdos provisionales logrados hasta ahora y las proyecciones de cierre del conflicto armado, pero también en la disminución de las acciones militares y de la crudeza de sus impactos de guerra. Se han reducido los desplazamientos forzados de comunidades especialmente afro, campesinas e indígenas, hay menos explosiones de minas quiebra patas y de bombardeos, menos enfrentamientos y pérdida de vidas humanas o sus secuelas de esquizofrenia y de lisiados. 
Sin embargo, de manera paralela, mientras se reduce la guerra en mas del 50% y se achican los campos de batalla para que florezcan los campos de cultivo, se aumenta el asesinato de defensores de derechos en el 100% y se incrementan las estigmatizaciones, persecuciones y agresiones contra defensores de tierras, librepensadores, opositores reales al sistema político vigente. Los principales afectados por la muerte son civiles comprometidos con la paz, desarmados y legitimados por sus capacidades y trayectorias en las luchas y resistencias contra la opresión y la explotación que pretende ser impuesta. Son lideres indígenas en cuyos territorios la biodiversidad es gran botín. Luchadores de comunidades diversas y LGTBI, militantes de los movimientos sociales y políticos de oposición real como la Minga Indígena que ha padecido la brutalidad de los despojadores y sus aliados apostados incluso en ministerios, parlamento y centros de decisión; el Congreso de los Pueblos sobre el que se ha tendido una maraña de persecución, amenaza y falsa judicialización; o la marcha patriótica que ha padecido el asesinato de mas de 40 activistas y, en general, la temible cifra de cerca de 9000 encarcelados por pensar de otra manera o rebelarse. 
El informe de la Organización de Naciones Unidas, que año tras año reitera lo mismo con pequeños ajustes de alza o mejora, ha sido el encargado de poner otra vez en debate la situación de exterminio a adversarios desarmados imbricada en la forma de hacer política, acumular capitales y resolver diferencias sometiendo al terror toda expresión contraria o critica al establecimiento o elites en el poder. Según Naciones Unidas, a julio de 2015 van 69 defensores de derechos humanos asesinados, una cifra que duplica a la del año anterior de 35 asesinatos. En cualquier democracia estas cifras tendrían que suscitar al menos un escándalo público, una excusa de vergüenza ante el mundo civilizado y un compromiso inmediato del estado, sus jueces, sus tribunales, sus ejércitos y su poder político para orientar toda su capacidad a la búsqueda de develar la verdad de lo que ocurre y poner en evidencia a sus responsables intelectuales y materiales, constituidos en falange y revelar sus propósitos de actuación criminal que impide vivir con dignidad y afecta la estabilidad del estado, la sociedad y sus instituciones a la vez que los modos de convivencia y realización humana. 
¿De que democracia puede hablarse donde sus líderes y luchadores por la paz y la justicia son asesinados y perseguidos por criminales justicieros que los matan como a moscas? La muerte no puede seguir siendo la principal noticia en ninguna democracia y menos permitir que se traslade del campo de batalla en proceso de extinción al cuerpo de los luchadores que hacen posible que la guerra cese su asedio, detenga su máquina de horror. 69 defensores de derechos humanos asesinados son una gran tragedia, un contrasentido mientras se avanza hacia la paz, un modo de matar la crítica, de despreciar la ética y la justicia, de socavar las bases de la promoción, construcción y defensa de la paz y de un destino colectivo sin sangre derramada. 
Los asesinos no pueden ser otros que los mismos beneficiarios, promotores y encargados de bloquear las iniciativas y avances sobre la paz. Técnicamente son genocidas, sus acciones tienen el rigor y la sistematicidad del exterminio de quienes con su actividad se niegan a aceptar sus perversas reglas de inhumanidad y sometimiento a sus demencial creencia de ser los llamados a dirigir el destino de la humanidad. No son asesinatos aislados, ni hechos provocados por asesinos en serie, son delitos de lesa humanidad que afectan la dignidad humana e impiden su realización. Son actuaciones en el marco de una estrategia perfectamente planeada, organizada y sistemáticamente ejecutada contra un tipo particular de población que aboga por la paz y la justicia. 
Los defensores y defensoras de derechos humanos, sus teóricos y luchadores, son exterminados y los espacios, escenarios y territorios debilitados para impedir su resistencia, la manifestación de su espíritu libre y controlar la población desde el centro de mando del exterminio como parte de la estrategia criminal de refundación de la patria. 69 asesinatos ponen en evidencia las conexiones entre las fábricas de falsos testigos, falsas identidades con pretendidos anónimos y exterminio de facto, como técnicas de combinación entre lo legal y lo ilegal en el marco de una política de terror en ejecución que distribuye orientaciones bien de manera directa o valiéndose de matones y mercenarios que cumplen la tarea ideológica de salir del otro, eliminar al otro, limpiar el camino. La combinación de prácticas de crueldad comunes en la formación paramilitar y la obstaculización de la justicia invocando la ley para violarla. aprendida por sus para-políticos y funcionarios, se ha incrustado en todos los espacios de la vida institucional, comunal, societal y militar, y avanzan con el objeto de impedir la creación de marcos de derechos humanos favorables a la consolidación de la paz y la aplicación de justicia por crímenes cometidos al amparo de la guerra. 
Las estructuras paramilitares y su continuidad neoparamilitar está vigente imponiendo terror ante las avanzadas de movilización social por la paz y se expresa a través de la intimidación, la amenaza y la muerte que despliega sus tentáculos en campos, ciudades, pueblos, veredas, barrios, universidades e instituciones en las que los agenciadores del exterminio cumplen funciones y adelantan su doctrina incluso usando los lenguajes de sus victimas a las que suplantan o asesinan. 

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Lucha por la tierra de la guerra a la paz y un gobierno por políticas públicas



La ley de restitución de tierras es una muestra de lo que exige la reparación y cicatrización de las heridas de guerra, que no es resultado de la propuesta de un partido político, sino que es una expresión material de la lucha social, que requiere de múltiples partes del estado para dar respuesta a amplios sectores despojados, humillados y desterrados, que por décadas levantaron sus banderas aun en contra de algunos sectores del poder que al final sumaron su voto aprobatorio pero no han continuado con el compromiso de ofrecer garantías seguras para su urgente aplicacion. 
La ley en materia de los derechos de reparación es un instrumento valido como cuota inicial, pero la complejidad de los problemas y conflictos asociados a la tierra en Colombia no se resuelven de fondo allí, menos aun cuando contrariamente parece avanzar rápidamente la estigmatización a los pueblos indígenas, afros y sectores campesinos, que puede convertirlos en nuevos desterrados para facilitar la continuidad de la legalización de baldíos a terratenientes y nuevos propietarios nacionales y extranjeros, que sin amenazas, disparos, ni motosierras se hicieron propietarios por vía legal mediante recursos jurídicos, tutelas y otros con complicidad de funcionarios a mas de dos millones y medio de hectáreas entre tierras del estado y tierras de particulares, sin que esto descarte vínculos y usos no visibles de técnicas de terror. 
Como ocurre con esta ley de tierras que fortalece las conquistas de las victimas en espera de resarcir derechos, las luchas sociales por la tierra y sus recursos contienen mas que otras la mezcla de alzamientos civiles y armados. En las cinco décadas de guerra las insurgencias han estado presentes en las luchas por la tierra, a veces la han fortalecido, otras debilitado, pero lo innegable es que la lucha por derechos y la construcción de paz pasa por la tierra y sus riquezas y a pesar de las distancias entre las demandas sociales, políticas, económicas y culturales de la sociedad y las reivindicaciones insurgentes, la lucha armada contribuyó para que algunos sistemas de garantías del estado funcionaran y para que los limites del poder no fueran sobrepasados hasta provocar el despojo total sobre todo en regiones especificas, sin descontar por ello el alto costo en vidas humanas y libertades. Este rédito de participación que hace parte de la complejidad tendrá necesariamente que salir a cobrarlo políticamente el proyecto insurgente desarmado y no queda duda de que le devolución, restitución y redistribución de tierras sea uno de sus pilares de apoyo. 
Quizá esta sea la razón que mueve a las elites y despojadores a tratar de poner en choque a campesinos con indígenas y afros y alentar odios extendiendo la falsa idea de que los indígenas son un obstáculo al desarrollo por ser dueños de la quinta parte de las tierras del país, pero que además sus dirigentes son actores armados al servicio de la insurgencia, lo que no pasa de ser una estrategia de terror y distracción para desviar la atención de los verdaderos problemas asociados a la tierra. Esta injuria reiterada con ánimo de guerra convoca con urgencia a la mesa de conversaciones para abrir espacio a indígenas, afro y campesinos para ser escuchados, sobre todo porque sus hábitats pretenden ser despojados, privatizados y convertidos en enclaves de biodiversidad, riqueza mineral y agua, pero además porque constitucionalmente hay autonomías que deben ser respetadas. 
Si las conversaciones entre el estado colombiano y las insurgencias acuerdan el fin del conflicto armado, los primeros ganadores serán los desarmados, entre ellos los indígenas, campesinos y afros que podrán esperar junto con los demás excluidos y adversarios, el cese de las persecuciones, el fin de las estigmatizaciones, la desaparición de los miedos, temores y humillaciones y la entrada a una convivencia que entiende, respeta y hace valer la capacidad de sus derechos para vivir con dignidad, cuidar la naturaleza sin provocar su destrucción y promover la restauración del equilibrio y armonía entre sus partes física y humana. Al estado corresponderá mejorar de inmediato los instrumentos y recursos de garantía para la realización de los derechos, lo que bien puede aprovechar el presidente Santos -con base en el mandato para lograr la paz alcanzado electoralmente- para organizar un modelo de gobierno transitorio sostenido con base en la formulación de políticas publicas –de manera conjunta con la sociedad- bien a través de organizar políticas por bloques de derechos de manera funcional o formulando políticas para cada uno de los derechos –de los que la mayoría hoy están en riesgo de degradación-.Y en especial aquellos vitales como acceso a agua potable gratuita y disponible para todos y que estudios recientes anuncian que uno de cada 4 habitantes está en riesgo de perder y asimismo proveer de alimento básico, configurando marcos de relación que pasan por los hábitats de indígenas y campesinos, zonas de biodiversidad estratégica y a la par ofrecer garantías a educación, salud, vivienda, empleo con los recursos que se dejen de invertir en guerra sin menosprecio por atender de manera integrada todo el sistema consignado en la declaración universal de derechos humanos, ratificado por la constitución de 1991. 

Una vez establecidas las políticas públicas como principio ordenador de un gobierno que permita en la realidad material y simbólica hacer tránsito del estado de guerra al de paz, de manera urgente el turno debe ser para la modificación de las estructuras institucionales para que sean mas incluyentes y plurales conforme a la nueva situación de paz como garantía para la reformulación de leyes y programas de desarrollo en democracia con bienestar que resignifiquen la transformación esperada con inclusión de nuevos actores sociales, burocracias y gobernantes no comprometidos con las formas tradicionales de poderes corruptos, clientelares, paramilitares o comprometidos directamente con las mafias o convertidos en seguidores del espíritu mafioso del todo vale para sostener el poder y mantener el control de la población y del estado. 

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

LA PAZ ES CON NOSOTROS Y NOSOTRAS¡¡¡¡

LA PAZ ES CON NOSOTROS Y NOSOTRAS¡¡¡¡



El papel de las organizaciones populares en la construcción de la paz con justicia social

Alfonso Castillo Garzon
Defensor de Derechos Humanos
Candidato, Unión Patriótica al concejo de Bogota
twitter:@castilloalfo
skipe: hojasuelta1

El país asiste a un momento excepcional (inédito) de su historia política y social. Lo que viene ocurriendo desde que iniciaron los diálogos  políticos entre la guerrilla de las FARC – EP con el gobierno de Juan Manuel Santos, que busca poner fin al conflicto armado, que ha sumergido en dolor y sufrimiento a la mayoría de los habitantes de Colombia; tiene una enorme trascendencia para la sociedad, la economía y sobre todo para intentar la construcción de un nuevo referente de país, en el que las victimas y los sectores populares, debemos jugar el papel que permita aprovechar en el mejor sentido democrático esta coyuntura a favor de la paz con justicia social,  y los derechos a verdad, justicia, Reparación Integral  y garantías de no repetición de las víctimas  del conflicto armado, en el marco de escenarios de participación incluyente, determinante y decisiva.

No obstante lo anterior, esta importancia no ha logrado trascender a la vida política y social, quizá porque los medios de comunicación no le dan esta importancia y también porque es el interés del gobierno, dejar este tema de la paz como un asunto exclusivo del gobierno y la guerrilla, que se tramita en la Habana, excluyendo al resto de la sociedad de esta construcción.

Lo paradójico de esta lectura compleja, en que la tesis que se replica con toda fuerza, “…es que las victimas están en el centro del proceso y que la paz es con ellas”. También se ha dicho que es el momento para que la sociedad y las organizaciones  tomen en sus manos la tarea de llenar de contenido la paz que se requiere.

En todo caso, siendo necesario fortalecer los procesos organizativos de la sociedad para llenar de contenido este momento en el que se discuten los elementos para la terminación del conflicto y se preparan las condiciones para el post-acuerdo, es un imperativo que nos convoca a todos y todas, sin distingo alguno.

Como parte de ese esfuerzo se deben considerar los esfuerzos realizados por la Alcaldía de Bogotá, a través de la Alta Consejería de las Víctimas, la Secretaria de Gobierno y la Secretaria de Integración Social, desde las cuales se han desarrollado iniciativas que procuran alcanzar la participación ciudadana y la movilización, a favor del proceso de paz y el logro de la terminación de la guerra, entre esas iniciativas  está el proceso promovido por la Alta Consejería, desde el año 2014, con la realización de dos encuentros inter-locales ese primer año y en el 2015, se relanza con la coordinación de Mencoldes, se completa con cuatro encuentros inter-locales que dejan como resultado la conformación  de las Mesas Inter-locales de paz y la construcción de una dinámica de mesa Distrital de paz.

La experiencia de las 6 mesas inter-locales, da cuenta de una dinámica aunque no igual en todas las localidades, si por lo menos se han integrado secretarias técnicas y en algunas hay planes de trabajo y el interés de estas por visibilizar la problemática de las comunidades y su compromiso por la paz con justicia social, esa mesas son: 1) San Cristóbal, Usme y Sumapaz, 2) Fontibón, Kennedy y Bosa, 3) Engativá, Suba y Usaquén, 4) Barrios Unidos, Teusaquillo y Puente Aranda, 5) Mártires, Santa Fe, Candelaria y Antonio Nariño, 6) Ciudad Bolívar y Tunjuelito. Además se ha integrado una mesa distrital de paz que intenta conformar la secretaria técnica y dotarse un plan de trabajo.

Ahora bien, nos encontramos hoy frente al desafío de empoderar a las organizaciones para tomar la batuta de la construcción de la paz con Justicia Social, en este sentido compartir algunas ideas de lo que debe ser el papel de las mesas Inter-locales.

  1. 1.      Tomar la iniciativa en la promoción del proceso de paz
  2. 2.      Diseñar estrategias pedagógicas para que nuestros entornos conozcan y apropien los desarrollos del proceso. En particular del V tema de la agenda.
  3. 3.      Construir participativamente nuestras propuestas de paz  con Justicia Social desde los Territorios/Sectores.
  4. 4.      Preparar múltiples jornadas  de movilización que permita, conquistar los espacios públicos, como estrategia educativa para apropiar la paz  con Justicia Social.(tener en cuenta la asamblea a de trabajadores por la paz que se realizara en noviembre de 2015
  5. 5.      Hacer todos los esfuerzos de articulación de iniciativas, programas y procesos que procuran  la paz con Justicia Social en los Territorios.
  6. 6.      Incidir en los escenarios públicos/privados de construcción de la Política Publica de Paz.(Por ejemplo elecciones del 25 de Octubre, discusión del Presupuesto Distrital en el Concejo en noviembre y encuentros ciudadanos y elaboración del Plan de Desarrollo Distrital en febrero y marzo del 2016)

Por ello queremos insistir en la urgente necesidad de vitalizar este escenario desde el cual puedan impulsarse y articularse muchas iniciativas en favor dela paz con justicia social para los y las colombianas.

Bogota, Agosto 22 de 2015.