martes, 15 de septiembre de 2015

Alerta necesaria

Hay palabras, hechos y políticas que no contribuyen a la paz o que francamente van en contravía de ella entorpeciéndola, demorándola o aun creando el riesgo de que nunca llegue.

Por: Luis I. Sandoval

Señalar tales situaciones es ayudar a la paz, a quienes quieren su florecimiento en la vida cotidiana de la gente en cada territorio. Quienes señalan obstáculos no son enemigos sino reales aportantes a una paz concreta, tangible y transformadora.

No contribuye a la paz demorar la reparación de las víctimas. Enorme el esfuerzo de recursos y de gestión de la Unidad de Víctimas, pero las exigencias de las víctimas son justas y más justas las de reclamantes de tierras.

No contribuyen a la paz ciertas reformas contrarias al interés nacional. Ahí están las concesiones para la exploración y explotación de recursos naturales que producirán irreparables lesiones sociales y ambientales, está la eliminación de aranceles para ciertos productos claves en economías regionales.

No contribuyen a la paz planes de desarrollo lesivos del interés social. El debate sobre el Plan Nacional de Desarrollo dejó ver claramente que éste tiene título y sustentación en la paz pero poco ayuda a ella porque reduce la responsabilidad estatal, sigue restrictivas orientaciones de la OCDE y favorece las multinacionales.
No contribuye a la paz la falta de diálogo eficaz con la protesta social. La protesta legítima de sectores rezagados durante décadas se sigue adscribiendo a manipulación de las guerrillas, equivocado, democracia sin trámite progresista de conflictos es una caricatura. La movilización es la palanca del cambio.

No contribuye a la paz la pervivencia de grupos armados contrainsurgentes. Las BACRIM y paramilitares mantienen un poder real y letal que mina la confianza en las condiciones mínimas de seguridad. Sigue habiendo agresiones graves y sostenidas contra activistas de los derechos humanos, la paz, el respeto de las diferencias, los derechos de la naturaleza.

No contribuyen a la paz las tensiones crónicas con los vecinos. Venezuela, Ecuador y Centro América son vitales para Colombia. Ellos han sido receptores de la migración colombiana económica y política, esos problemas necesitan solución dialogada. La paz incluye a los colombianos y colombianas en el exterior.
No contribuye a la paz la comunicación escasa o sesgada sobre la gestión de paz. Deficiencia crónica del actual proceso. El gobierno comienza a cubrir falencias, los medios privados deben asumir responsabilidad y cambiar prácticas nefastas.

No contribuyen a la paz la corrupción en los gobiernos ni el enfrentamiento entre poderes públicos. Acentuar los factores de ilegitimidad del régimen político crea incertidumbre sobre la suerte de los acuerdos de paz.

No contribuye a la paz mantener el gasto militar como si no terminara el conflicto armado interno. Se advierten presiones muy fuertes para que el presupuesto de guerra no cambie por interés corporativo de las Fuerzas Armadas.

No basta la paz como política de gobierno, es preciso convertirla en política permanente de Estado. El país todo, incluida la oposición, tiene que comprometerse en políticas centrales de transformación institucional y social para la próxima década como fundamento de la paz estable, duradera y sostenible. Se necesita un pacto de transición.

Está bien persistir en diálogos de paz con agendas acotadas, vincular a ellos todos los grupos políticos en armas, sacarlos adelante aprovechando críticas y superando saboteos. Está bien desescalar el conflicto y aproximar el cese definitivo de fuegos y hostilidades, está muy bien, pero si no se atienden expresamente las circunstancias colaterales de la paz, las que la hacen cierta, positiva, estable y duradera, de pronto no llega la paz. Candidatos y candidatas hoy, autoridades territoriales mañana, deberán tenerlo muy en cuenta.

@luisisandoval

La Andi propone empobrecer aún más a los trabajadores

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La Andi propone empobrecer aún más a los trabajadores

por admin - sep 15, 2015

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Ya lograron bajar el 8 % del pago a la salud, y ahorraron $5,5 billones. Ahora quieren el 12 %

Por: Fabio Arias Giraldo * | septiembre 14, 2015

En la pasada asamblea nacional de la Asociación Nacional de Empresarios – ANDI realizada en agosto, los participantes y su vocero el Dr. Bruce Mac Master le hicieron mitin al presidente Santos y a sus ministros, exigiendo reducción en los aranceles, protección a algunos productos, subsidios a la producción, incentivos fiscales, tributarios, crediticios, cambiarios, al comercio de exportación, entre muchos aspectos, para el mejoramiento de sus actividades. El éxito de ese mitin le costó a los contribuyentes 1.8 billones de pesos.

Sin embargo, no se habló de temas laborales en ese mitin, ni se incluyeron en el pliego de peticiones presentado al gobierno, a pesar de que entre los ministros presentes en esa asamblea se encontraba el de trabajo.

¿Será, preguntaba un trabajador, que ya el gobierno había satisfecho todas las exigencias del empresariado industrial? O ¿el empresariado había presentado todas sus peticiones? O ¿en materia laboral ya habían agotado su agenda y el mintrabajo podía pasar inadvertido?

Ninguna de las anteriores. Por problemas de tiempo y táctica negociadora, priorizaron los temas de comercio exterior y aplazaron la reforma tributaria y la agenda laboral. Y les fue bien.

Hoy quiero alertar a los trabajadores y trabajadores sobre la agenda laboral incluida en su pliego de peticiones y que la Andi llama “Estrategia para una nueva industrialización” de junio de 2015. Allí hay una extensa y profunda agenda laboral, que muestra su voracidad por ganancias. Y no estoy exagerando. Su propuesta la llaman “costos laborales” y ese título ya los describe como algo a recortar aún más.

Empiezan solicitando una “simplificación laboral” amparada en los más “altos” estándares y “buenas” prácticas que ordena la OCDE (si de nuevo ella) para incluir a Colombia en su exclusivo club y darse los empresarios caché con los grandes magnates.

Y entonces solicitan que la modalidad del salario integral se extienda a todos los niveles salariales, es decir, que se eliminen todas las prestaciones sociales contenidas en la ley y en las convenciones colectivas firmadas con los sindicatos. ¡Pobrecitos! No piden nada.

Esta reforma reduciría el 50 % de los ingresos de los trabajadores y por ahí derecho hacen moñona eliminando esos sindicatos que tanto molestan y que ya casi acaban. Sería una oportunidad.

En esta simplificación laboral piden además “Trasladar la obligación del pago de la seguridad social integral al trabajador”. Ya lograron bajarse del pago del 8 % en salud que les representó echarse al bolsillo cerca de $5,5 billones de pesos y con esta propuesta van por el 12 % que hoy reconocen para las utópicas pensiones. Una jugosa suma superior en un 50 % a la que se ahorró en salud. Eso que lo pague el trabajador, reclaman nuestros solidarios y generosos empresarios.

Adicionalmente solicitan profundizar la “Flexibilización laboral” aduciendo que en los países más desarrollados las “legislaciones dan cabida a una amplia diversidad de modalidades de contratación y horarios de trabajo”. Es decir, que se puedan contratar trabajadores usando todas las formas civiles no laborales con las que disminuyen y eliminan derechos laborales y acaban sindicatos y convenciones. Como ha ocurrido con las CTA (cooperativas de trabajo asociado), las OPS (órdenes de prestación de servicio), los contratos sindicales, las empresas SAS y temporales y en general cualquier intermediario o tercerizador laboral. Y la ya esclavizante jornada de 8 horas la quieren cambiar y flexibilizar de manera regresiva.

En este punto de flexibilidad laboral su aspiración celestial es que no haya NINGUNA restricción para tercerizar cualquier actividad de la empresa. Es decir que se elimine la contratación directa de trabajadores y con ello la empresa matriz se quita de encima los trabajadores y el sindicato. Este es el mayor atentado al derecho de asociación. No contentos entonces con haber logrado aprobar con el concurso del gobierno y el congreso el artículo 74 del Plan Nacional de Desarrollo, que consagra la tercerización laboral, piden “Eliminar el concepto de actividad misional permanente” consagrada “en nuestra legislación recientemente con los artículos 63 de la Ley 1429 de 2010, 103 de la Ley 1438 de 2011, y con el Decreto 2025 de 2011″.

Y siguiendo con la reducción de sus “costos” laborales proponen “Reducir las limitaciones e inflexibilidades laborales generadas en la empresas por las normas y jurisprudencias en materia de estabilidad laboral reforzada” de personas enfermas y en situación de discapacidad. Y por si se queda algo “una revisión de la normatividad y jurisprudencia asociada a la problemática (¿?) del ausentismo”. Este sí es el colmo. De esta manera pretenden zafarse de los enfermos y discapacitados. Como ya no sirven hay que echarlos. Estos son nuestros empresarios. Sin dios ni alma. Y está escrito. No es calumnia.

Y para que no quede títere sin cabeza, terminan cuestionando los fallos de la Corte Constitucional que garantizan el libre derecho de asociación, que los trabajadores han reclamado y utilizado afiliándose al sindicato que consideren como conveniente, inclusive para defenderse de los despidos colectivos o de proteger a dirigentes sindicales amenazados y perseguidos por los empleadores.

En conclusión el pliego de peticiones laborales de la “Estrategia para una nueva industrialización” es más de lo mismo de la productividad de las empresas: trabaje más y le pagamos menos. Felices nuestros empresarios.

P.D. Colombia es el tercer país más desigual de América.

*Secretario General de la CUT

Tomado de: http://www.las2orillas.co/la-andi-propone-empobrecer-aun-mas-los-trabajadores/

Se cumplen dos años del paro agrario del 2013

Y políticas de los gobiernos fallidas.

Por Juan Camilo Caicedo - 2015-08-18

El 19 de agosto de 2013 inicio una de las protestas y manifestaciones históricas, más representativas de nuestro país, esta vez no fueron los indígenas, ni las centrales obreras, ni la MANE, ni los maestros, fueron los agricultores y campesinos, los cuales se quebraron, tras varios años de abandono y desprotección por parte del Estado, en donde la ausencia de una política pública integral fue una de las principales causas que llevó a la desprotección de la agricultura.

El paro agrario se originó por el aumento de los productos importados de los diferentes tratados de libre comercio, pues en estos tratados no hubo medidas oportunas que cobijaran y protegieran tanto la economía agraria como la industria, otorgando total libertad a los países extranjeros, para comercializar sus productos en Colombia, generando pérdidas en los productos agropecuarios. Éstas pérdidas llevaron a la gran mayoría de campesinos a un pico de endeudamiento nunca antes registrado en nuestro país, que pese a los créditos y préstamos de los bancos, tanto agricultores como campesinos, no lograron recuperarse de la inestabilidad económica, pues la competencia extranjera en cierta medida los terminaría arrasando y desplazando del mercado.

En el gobierno del ex presidente Uribe (2002 a 2006 y 2006 a 2010), el cual acabó de hundir al campo colombiano. Pues las supuestas salvaguardias del TLC nunca lograron cubrir los daños causados a los campesinos. Por otro lado la confianza inversionista de la cual tanto se enorgullece el ex presidente Uribe, disminuyó los impuestos a las multinacionales para la explotación de los recursos naturales de Colombia. También la finca “Carimagua” en Casanare, que debía ser entregada a familias desplazadas, pero que extrañamente fue otorgada a los grandes empresarios de palma. Y por último, el tan controversial “Agro Ingreso Seguro” cuyo objetivo según el ex presidente Uribe fue dar pequeños subsidios para agricultores colombianos (314 mil familias).

Luego, tenemos al gobierno del presidente Juan Manuel Santos (2010 a 2014), el cual ha tenido varios paros de distintos sectores a lo largo de sus dos periodos, de los cuales se puede recordar el último paro agrario, que fue en agosto del año pasado, donde el sector agropecuario se manifestó tras la crisis que afrontan desde la apertura económica. Los tratados de libre comercio, como los nulos salvamentos y subsidios que el gobierno nunca les ha propiciado, los altos costos que deben pagar por los insumos, como el precio de compra de los productos para su exportación, lo cuales en nada han beneficiado a los agricultores, y tal vez el punto que mayores problemas económicos les genera a los agricultores, que es el de las semillas, en donde deben dejar de utilizar las semillas nacionales que se pueden reutilizar ahorrando costos, para darle paso a la compra y utilización de la semilla extranjera.

Quiero dejar como reflexión lo siguiente, los campesinos luchan por lograr vender sus productos por un precio justo, mientras que el gobierno lucha por regalar la economía a las potencias mundiales, para que sean éstas quienes pongan las condiciones de producción al sector agropecuario colombiano, haciendo que el mercado se llene de productos sintéticos, modificados, disminuyendo la producción agrícola nutritiva nacional, generando allí perdidas, que están dejando a los campesinos sin utilidades para poder producir sus productos agrícolas. ¿Será más importante firmar tratados de libre comercio para tener amigos en el extranjero y comer productos que solo contienen químicos y son sintéticos, o será más importante reivindicar los productos desvalorizados de nuestros campesinos, que son los que verdaderamente nutren la alimentación de los colombianos, que son saludables, nutritivos y que garantizan la soberanía y la seguridad alimentaria de nuestro país?

Debate Proyecto de Ley que establece la regulación del derecho a la objeción de conciencia

Autor: Comunicaciones/miércoles, 09 de septiembre de 2015/Categorias: Noticias

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Debate Proyecto de Ley que establece la regulación del derecho a la objeción de conciencia

Bogotá, 09 de septiembre 2015. En la mañana de hoy la Comisión Primera del Senado de la República debatirá la iniciativa de la Senadora Viviane Morales junto con la bancada del Partido Liberal que busca la regulación del derecho a la objeción de conciencia, en especial frente al servicio militar obligatorio y la prestación de servicios médicos.

Este proyecto de ley representa la lucha de miles de colombianos por defender con decisión y esperanza los valores más profundos de su existencia” resaltó la congresista, quien contó con el apoyo de varias organizaciones de objetores de conciencia.

La objeción de conciencia es el derecho fundamental derivado de la libertad de conciencia y de la libertad religiosa y de cultos que tiene toda persona de oponerse al cumplimiento de un deber contemplado en el ordenamiento jurídico, cuando éste resulte incompatible con convicciones de naturaleza religiosa, ética o filosófica, en materias como el servicio militar, la educación, la prestación del juramento, las obligaciones laborales y los servicios de salud.

Por un lado, frente al servicio militar obligatorio podrán objetar todos los colombianos, hombres y mujeres, en un procedimiento que se llevará a cabo ante los Defensores Regionales del Pueblo. Los objetores podrán manifestar su declaración de forma verbal o escrita, por el mismo objetor o por interpuesta persona. Presentada la objeción, se suspenderá el proceso de definición de la situación militar hasta que se dé respuesta a la declaración, lo cual se deberá hacer un plazo máximo de quince días, término al cabo del cual si no se ha dado respuesta se configurará silencio administrativo positivo, es decir, que se entenderá aceptada. La reglamentación de la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio se hace en cumplimiento del exhorto que hizo la Corte Constitucional al Congreso en la Sentencia C-728 de 2009.

Por otro lado, con respecto a la prestación de servicios médicos se reconoce la posibilidad de objetar a los profesionales de la salud que deban realizar directamente la intervención necesaria o la labor asistencial relacionada directamente con la intervención, excluyendo de la posibilidad de objetar de conciencia a quienes realizan tareas administrativas, paliativas, de valoración o de preparación, anteriores o posteriores a los procedimientos y tratamientos médicos. A su vez, los objetores contraen la obligación de remitir el paciente a un profesional no objetor, asegurando tanto la prestación permanente e ininterrumpida de los procedimientos como los derechos de los profesionales objetores.

En este sentido, el proyecto de ley responde al vacío de una regulación legislativa que delimite claramente el alcance de este derecho, y que hoy es mucho más urgente no sólo en cuanto al servicio militar, sino a los derechos que se han reconocido a los colombianos en materia de salud tendientes a garantizar la dignidad humana. “Este proyecto se encamina a dar respuesta a este desafío, planteado por el desarrollo democrático de los derechos humanos que puede plantear el enfrentamiento entre los derechos que reconoce el Estado a los ciudadanos y el derecho de los ciudadanos frente al Estado de actuar de acuerdo a su conciencia” concluyó la Senadora.

La paz y la comisión de la verdad

La paz y la comisión de la verdad, Por Alonso Ojeda Awad*

EDITORIAL

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Es realmente placentero constatar que los diálogos de Paz en La Habana, Cuba, no solo se mantienen sino que todas los días vislumbramos más cercana la fecha en que los delegados de gobierno, encabezados por el ex. Vicepresidente Humberto de la Calle e Iván Márquez, en nombre de las FARC-EP, firmaran las actas poniendo fin a la confrontación armada en Colombia, que durante más de cincuenta años ha enlutado los hogares de centenares de familias envueltas en este torbellino loco de una guerra fratricida. Será un momento solemne y su impacto emocional repercutirá muy positivamente en todos los corazones de Colombia.

Las ultimas noticias, en este esperanzador camino, tienen que ver con el acuerdo suscrito entre las delegaciones del gobierno nacional y de las FARC-EP, que busca poner en marcha “La Comisión para el esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición, una vez firmado el Acuerdo final” y que ha generado mucha expectativa, fundamentalmente, entre el grupo de Victimas y las organizaciones representantes de la sociedad civil que han estado, hace mucho tiempo, en la lucha por la defensa de los Derechos Humanos, la reconciliación nacional y la Paz.

Esta tarea periodística que adelantamos, la entendemos como un aporte sistemático y semanal a la pedagogía que requieren los Acuerdos firmados en la Habana, Cuba, entonces, por eso, es importante explicar, lo más didáctico posible, los múltiples interrogantes que plantea a la sociedad en general un Acuerdo de esta naturaleza y dimensión. Definamos primero que buscará La Comisión de la Verdad, en tres puntos: a) Esclarecer y conocer la verdad sobre lo ocurrido durante el conflicto social y armado. B) Creará las bases de convivencia, reconciliación y No repetición en la sociedad. C) Debe construir y preservar la memoria histórica.

En lo relativo a sus objetivos debe contribuir al esclarecimiento de la verdad de los hechos. Además, promover y contribuir al reconocimiento de las víctimas, como hombres y mujeres que vieron sus derechos fundamentales atropellados. De las responsabilidades directas o indirectas, individuales y colectivas. Del legado de sistemáticas violaciones y las infracciones a los DD.HH., como algo rechazable y que No puede volver a repetirse. Debe promover la convivencia en las zonas rurales, creando un ambiente de dialogo, de dignificación de las víctimas y consolidar la equidad de género, la solidaridad, la cooperación, la confianza, la justicia social y una cultura democrática.

En relación a su conformación la Comisión estará integrada por 11 (once) comisionadas(os), escogidos por un proceso de postulación y selección. Con este se garantiza que todos los sectores, incluidas las organizaciones de víctimas, podrán postular candidatos. Las(os) comisionados serán escogidos por un comité de 9 (nueve) integrantes. Seis (6) serán escogidos conjuntamente por el gobierno y las FARC-EP. Tres (3) serán delegados de personas u organizaciones acordadas en la Mesa.

Surge una pregunta obligada de ¿cuál será la duración de la Comisión? Esta tendrá una duración de tres años, tiempo que destinará para analizar el largo y complejo conflicto social y armado de Colombia, sus múltiples causas, su profunda repercusión en nuestra cultura con determinación de hábitos profundos y complejos. Por estas razones, es importante que los comisionados sean escogidos como personas de una profunda formación ética, que los acompañe el don de la ponderación, la sindéresis y sobre todo que sean capaces de tener una visión holística de nuestras profundas dificultades, porque en el futuro no podrán existir ni vencedores ni vencidos. Solo prevalecerá una profunda determinación, no más violencia unida al desarrollo de la política.

En este proceso hay que resaltar el gran esfuerzo académico y pedagógico que realiza un grupo significativo de organizaciones sociales entre las que sobresalen: El Comité Permanente por la Defensa de los DD.HH.(CPDH), Viva la Ciudadanía, ICTJ Justicia, Verdad, Dignidad, Sisma Mujer, CINEP, Reiniciar, Codhes, Ruta Pacífica, Casa de la Mujer, H.I.J.O.S, Arco Iris, Rodeemos la Paz, entre otras, quienes convocaron al “Primer Encuentro por la Verdad: Comisión por la Verdad y Reconocimientos de Responsabilidades”, que se realizó en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación el pasado lunes 31 de Agosto. Este significativo Encuentro tuvo dos foros a su interior. El primero, se denominó “Alcances del acuerdo de creación de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, de la Convivencia y de la No Repetición”. El segundo, se llamó “El papel de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, de la Convivencia y de la No Repetición en la determinación de responsabilidades”.

Este último contó con la presencia del Senador y Director del Partido Liberal Horacio Serpa, del Representante a la Cámara Alirio Uribe, del Asesor del Procurador General de la Nación, Rafael Guarín y del consultor en temas de Verdad y Memoria, Alejandro Valencia Villa. Una nutrida asistencia participó activamente en la discusión, bajo cuatro preguntas orientadoras del debate: 1) ¿Que plantea hoy el acuerdo sobre la Comisión de la Verdad frente al reconocimiento de responsabilidades? 2) ¿Cuáles son los principales retos y debates sobre el reconocimiento de responsabilidades de cara a la futura Comisión de la Verdad? 3) ¿Qué papel podemos jugar en la construcción de criterios transversales de incidencia en esta materia? Y 4) ¿Cuál es el rol de la Comisión de la Verdad frente al reconocimiento de responsabilidades, en el marco del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, definido en la mesa de La Habana?

Está abierta la discusión para que participemos en el análisis y la comprensión de la Comisión de la Verdad y de esta forma cerrar el ciclo de violencia que dolorosamente acompaña nuestra sociedad desde el siglo pasado.

Ex. Embajador de Colombia en Europa.
Vice. Presidente del Comité Permanente por la Defensa de los DD.HH. - CPDH.
Septiembre 7 de 2015.

Delegados de Unasur y la ONU asisten a diálogos de paz de Colombia

Delegados de la ONU y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) asisten al proceso de paz entre el Gobierno colombiano y las Farc, a los que asisten en calidad de asesores para el tema del fin de conflicto.

Colombia.com - Bogotá - Martes, 15 / Sep / 2015

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Diálogos de paz

Diálogos de paz en la Habana, Cuba.

El exministro uruguayo de Defensa, José Bayardi llegó a la mesa de conversaciones como enviado de la organización latinoamericana -cuya presidencia mantiene actualmente su país-, junto al representante de la ONU, el diplomático francés Jean Arnault, según indicaron a Efe fuentes cercanas al Gobierno.

Nombrados respectivamente en julio y agosto pasados, Bayardi y Arnault asistirán a los negociadores de la guerrilla y el Estado colombiano en el diseño de un sistema de verificación internacional de los acuerdos para el cese definitivo de las hostilidades.

El nombramiento de estos expertos responde a la petición de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, quien ha destacado el "aporte positivo" de la presencia de estos expertos en la mesa de conversaciones, que tiene su sede permanente en La Habana desde noviembre de 2012.

Sobre su presencia en los diálogos, las FARC agradecieron hoy "profundamente" que los organismos internacionales "detengan su mirada en Colombia" y "extiendan su mano generosa" para apoyar la solución del conflicto".

Sin este "solidario acompañamiento" sería "infructuoso" el esfuerzo por buscar la paz, dijo en nombre de las FARC, Carlos Antonio Lozada, jefe de la Subcomisión Técnica por la insurgencia al inicio de su primera reunión con los enviados.

Los diálogos de paz prosiguen actualmente en un nuevo ciclo, iniciado el viernes pasado, que continuará trabajando en los temas de reparación a las víctimas y la resolución del fin de conflicto.

En su comunicado diario, la insurgencia instó hoy al Gobierno a conceder a los campesinos las "280.000 hectáreas de tierra en el Caquetá que supuestamente pertenecían a las FARC"; en lugar de otorgarlas a transnacionales extranjeras "en detrimento de la naturaleza y los nativos".

La insurgencia reafirmó además que la paz no consiste en entregar tierras "solo para que las empresas extranjeras se lleven la riqueza". EFE

Dos Meses después de las detenciones.

El recuerdo de Allende arribó el pasado viernes 11 de Septiembre con una gran noticia: la libertad de nuestrxs compañerxs defensores de derechos humanos, líderes estudiantiles, juveniles, periodistas y trabajadores populares, detenidxs el pasado 8 de Julio de manera arbitraria a través de un gran montaje judicial desplegado en capturas de película y procesos judiciales a toda vista sostenidos en mentiras. Con ocasión de este gran logro compartimos algunas reflexiones que no se pueden perder de vista en un momento de álgida persecución a las formas de movilización social en el país.

Parece paradójico que durante los diálogos de paz en la Habana con las Farc la persecución hacia el ejercicio político de oposición, resistencia y movilización se arrecie de manera considerable. Sin embargo, es prudente recordar que no es una novedad en la realidad histórico-política de nuestro país: la construcción de espacios de participación política se encuentra atravesada por una lógica de aseguramiento inmunitario hacia las expresiones populares que reclaman una ampliación (radicalización) de los principios democráticos que sostienen y viabilizan la vitalidad de la acción política. La democracia estatal en nuestro país, rodeada de instituciones y agentes que responden a esta lógica, estigmatiza y neutraliza lo que abre y, por ende, lo que está “por fuera” de sus límites. En esta medida, deja entonces de ser paradójico el vínculo existente entre “diálogo de paz” y persecución política. Después de un semestre difícil y doloroso para la “izquierda” en nuestro país, de dos meses de las detenciones arbitrarias a miembros del Congreso de los Pueblos y finalmente su liberación, es vital reflexionar acerca de nuestro espectro político y las respuestas que han surgido a partir de este.

¿Qué implica un aseguramiento inmunitario? ¿Cómo funciona la neutralización política? Esta lógica tiene como punto de partida que la democracia debe ser ajena a las contradicciones, a los conflictos y a las disputas que aparecen, por ejemplo, con el accionar de los movimientos sociales. Para poder lograr la “pretendida democracia” (inmunitaria y neutralizadora), se desenvuelven diversos mecanismos que van cerrando poco a poco los espacios, los sentidos y los imaginarios que han sido construidos bajo la égida de objetivos políticos ajenos a los de las clases políticas dirigentes.

Veamos, por ejemplo, el despliegue de uno de esos mecanismos. En primer lugar, identificamos la legalización de la persecución. El funcionamiento de este mecanismo es visible bajo el impresionante, violento y burdo despliegue de un aparato jurídico-discursivo, enfocado en justificar de manera calculada y pormenorizada las detenciones irregulares de 11 personas pertenecientes al Congreso de los Pueblos. A través de vías y mecanismos más “consensuados” (como lo son el respeto a la ley, la protección de los “derechos humanos” y la “seguridad ciudadana”), la pretendida neutralidad del derecho invisibliza el carácter político de la persecución. Discursos presidenciales y artículos periodísticos aseguraban el “éxito nacional” de un gigante operativo policial antiterrorista, que de manera usual, empezó a disiparse a los 3 días debido a la inminente falta de pruebas, pero también, debido a las constantes denuncias que entraron a señalar la teatralización de la violencia estatal que acarreó la proliferación viral de este evento-mediático. Sin embargo, el golpe fue dado satisfactoriamente: los falsos positivos judiciales se realizaron de manera efectiva, tanto para una plataforma política como la Marcha Patriótica, como para el Congreso de los Pueblos. No sin un poco de tristeza es necesario declarar que la legalización de la persecución funciona como un freno en seco hacia el camino que trazan multiplicidad de dinámicas grupales, fuerzas políticas y movilizaciones. El viernes 11 de septiembre, las 11 personas fueron puestas en libertad en segunda instancia por la ilegalidad de la captura. Aunque contamos con la dicha de tenerlxs en libertad, este suceso está marcando sus vidas y las de todo el Congreso de los Pueblos y los movimientos sociales y populares alrededor. El miedo a ser encarcelada, perseguida e inmovilizada por pensar y actuar diferente, muchas veces termina en el miedo y la obligatoriedad de guardar silencio. Las fuerzas reunidas para seguir hablando se empiezan a debilitar.

En segundo lugar, está la amenaza y la aniquilación física, por medio de una vía indeterminada. En enero de este año, el asesinato del activista de Congreso de los Pueblos, Carlos Alberto Pedraza, y las múltiples amenazas a líderes y lideresas en todo el país, expresan la tensión existente entre la democracia estatal de este país, y los movimientos sociales y populares. En concreto, tomemos el ejemplo de las amenazas firmadas por “El Bloque Capital” o “Las águilas negras” a estudiantes, profesoras y profesores de la Universidad Nacional y la Universidad Pedagógica -tanto en mayo de este año, como a finales del año pasado-. Desde la neutralidad del derecho, las respuestas a estas denuncias son blandas y poco esclarecedoras: que los paramilitares no existen, que no se sabe si fue asesinato, que las amenazas de muerte seguramente tienen que ver con “líos de faldas”. La incertidumbre alrededor de estas amenazas y estos asesinatos, las “fuerzas oscuras” detrás de estos, provocan una suerte de indeterminación de la persecución: situación que termina generando una sensación de impotencia con respecto a la posibilidad de saber desde dónde están apuntando. A la legalización de la persecución (desde la Fiscalía, los juzgados y el poder ejecutivo) se le suma entonces, la neutralización física vía indeterminación. En esta medida, a personas que han luchado por expresar sus opiniones y disputar espacios como las universidades y la academia, se les bloquea el cuerpo, torturándolo y asesinándolo o, intimidándolo, por el simple hecho de querer salir a caminar por fuera de su casa.

Ahora bien, hay que tener en cuenta que estos dos mecanismos, no son sino dos caras de la misma moneda y en esa medida, no son fenómenos aislados. Según el último informe de la ONG Somos defensores: “en lo que va del año 2015, 399 líderes y lideresas han sido víctimas de diversas amenazas seguimientos y ataques contra su integridad, aumentando considerablemente el número respecto al año anterior en donde se registraron 194 agresiones en el primer semestre del 2014.” Estos casos nos dan una luz sobre lo que es una estrategia política desplegada desde una red compleja de actores: en la universidad, en la calle, en los medios de comunicación, en lo público-estatal y en los lugares de trabajo, la participación y la oposición política es excluida de una manera contundente. Hay un conjunto de valores y creencias atravesado por el discurso del gobierno, de los medios y de las élites políticas, en el que la política es pensada como algo vertical que se organiza neutralmente por una racionalidad económica y jurídica, como un espacio que no es apto para la participación democrática. A este fenómeno podemos caracterizarlo como despolitización de la sociedad civil: reducir considerablemente los medios, los espacios y los objetivos legítimos que se despliegan en el momento de hacer política.

A la lógica inmunitaria que atraviesa el sentido político del gobierno nacional, le es inconcebible pensar lo político por fuera de lo “normativo”; es decir, pensarlo como un espacio abierto y creativo de donde puede brotar algo que quiebre y se distancie de la homogeneidad que permea a la institución estatal. La participación se filtra hasta en lo más mínimo: imponer medios, mecanismos y fines que se inmunizan contra la diferencia y poco a poco, neutralizan el espacio político que se encuentra al límite del espectro estatal.

Si espacios que se han venido construyendo abiertamente hacia la participación política activa y democrática -como lo son por ejemplo, las universidades públicas-, están siendo minados por el miedo que despliegan tanto la legalización de la persecución, como la indeterminación de la aniquilación física, ¿cómo es posible pensar un diálogo nacional abierto e incluyente, sin que medie la negación absoluta de la diferencia? Sin tener una respuesta de antemano, creemos que insistir en la apertura de este diálogo, es de vital importancia para pensar la paz más allá de una racionalidad económica y una axiomática jurídico-estatal.

Celebramos infinitamente la libertad de nuestrxs compañerxs detenidos pero cerramos este artículo insistiendo en lo siguiente: no podemos olvidar el carácter político que rodea a esta persecución sistemática; no debemos permitir que nos pretendan despolitizar a través del miedo y la neutralidad del derecho; tenemos que insistir en la apertura de un diálogo nacional por la paz, que se constituya bajo una lógica de apertura hacia el respeto de la diferencia, hacia el devenir de un otro que siempre nos está excediendo.

Dos Meses después de las detenciones.

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