En el 2015, que la vida triunfe sobre la muerte y la esperanza sobre la incredulidad

Viernes 9 de enero de 2015, por Luis Guillermo Pérez Casas

Donde lo injusto es la regla, la paz es una utopía. Así que nos proponemos construir un país en paz donde nadie muera por sus ideas ni mate por ellas. Un país donde la justicia no sólo sea sinónimo de ausencia de impunidad sino donde nadie tenga que delinquir para sobrevivir o hacer sobrevivir a los suyos. Un país donde el derecho a la vida sea garantizado en primer lugar por el Estado, y la sociedad no se identifique con los asesinos ni con los corruptos. Un país donde sus riquezas estratégicas no sigan siendo usufructuadas por unas minorías avaras o al servicio de capitales extranjeros. Un país digno con gente digna.

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¿Cómo cambiar nuestra historia? ¿Cómo alcanzar la paz? ¿Cómo trasformar nuestro país, nuestra sociedad, nuestra institucionalidad? Al culminar un año e iniciar el siguiente se multiplican los deseos de esperanza, de felicidad, de prosperidad, de bienestar individual y colectivo; parecen palabras comunes, mas lo cierto es que esta época es propicia para renovar los sueños, para plantearse retos individuales, familiares y colectivos.

Cada año que comienza es una oportunidad para proponernos ser mejores seres humanos y ello implica preguntarnos cómo influimos para que nuestros espacios íntimos, sociales e institucionales sean más justos, más armónicos, más dignos de ser vividos con intensidad.

Es la ocasión también de preguntarnos cómo superamos nuestros errores, cómo evitamos caer en el escepticismo, la indiferencia, el egoísmo, el protagonismo, la insensatez, la mediocridad, el conformismo y el consumismo, entre otros males de una sociedad que se ha acostumbrado a convivir con las peores injusticias y la violencia más extrema.

Donde lo injusto es la regla, la paz es una utopía. Así que nos proponemos construir un país en paz donde nadie muera por sus ideas ni mate por ellas. Un país donde la justicia no sólo sea sinónimo de ausencia de impunidad sino donde nadie tenga que delinquir para sobrevivir o hacer sobrevivir a los suyos. Un país donde el derecho a la vida sea garantizado en primer lugar por el Estado, y la sociedad no se identifique con los asesinos ni con los corruptos. Un país donde sus riquezas estratégicas no sigan siendo usufructuadas por unas minorías avaras o al servicio de capitales extranjeros. Un país digno con gente digna.

¿Y cómo llegamos a construir una sociedad libre de injusticias y de violencias, dónde se puedan desenvolver los conflictos a través del diálogo y dónde el Estado esté al servicio del interés general?

En primer lugar hay que ponerle fin a la guerra. Más de medio siglo de conflicto armado interno donde subsisten las guerrillas más longevas del mundo frente a uno de los ejércitos más grandes del planeta, con sus más de siete millones de víctimas, enormes costos humanos y materiales de la guerra, debe terminar.

El objetivo estratégico del Presidente Santos es lograr a través del diálogo la desmovilización de las guerrillas con el menor costo posible. No se negocia en estos diálogos la estructura del Estado, ni el modelo de desarrollo, ni siquiera el rol de las Fuerzas Armadas. Al verlo así parece poco, pero lo pactado con las FARC y lo que pueda acordarse con el ELN sobre garantías políticas y la apertura de espacios democráticos vale más que ambiciosas agendas que luego no serán cumplidas.

El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Ccajar, ha presentado a la mesa de negociaciones en la Habana la propuesta de un Tribunal Especial de Justicia para la Paz que garantice la no repetición de los crímenes y el derecho de las víctimas a la verdad, la reparación y la justicia. La propuesta se extiende a todos los responsables de crímenes internacionales, sean agentes estatales o particulares, que contribuyan a la paz ayudando a desmontar estructuras que han cometido y siguen cometiendo o patrocinando graves violaciones a los derechos humanos. Garantizando el respeto de los derechos de las víctimas, pueden establecerse allí penas alternativas asimétricas, según los grados de responsabilidad de los victimarios.

A pesar de estas y otras múltiples y constructivas propuestas, hoy el tema de la justicia sigue siendo instrumentalizado por los enemigos del proceso para hacerlo fracasar. Lo inconcebible es que se les sigue dando espacio de impacto en la opinión pública a quienes reclaman sanciones ejemplares contra los comandantes guerrilleros, cuando ayer negociaron la impunidad total para los comandantes paramilitares y hoy siguen promoviendo la impunidad para los crímenes de lesa humanidad perpetrados por militares. Afirmados en los fueros que les permiten no ser juzgados por sus propios crímenes, en extraordinaria dosis de cinismo y de maniqueísmo, hablan del derecho a la justicia de las víctimas.

Estamos convencidos de que esta oportunidad histórica de vencer sobre la guerra fructificará pero para ello se requiere del respaldo popular, de la movilización social. A su vez, este respaldo se hará más fuerte en la medida en que los actores armados demuestren su real compromiso frente al proceso de paz. Las FARC está allanando el camino comprometiéndose a un cese unilateral del fuego cuyo cumplimiento ha sido reconocido por el gobierno. El ELN, por su parte, se aproxima al diálogo que fortalecerá este proceso afirmando su voluntad de paz y reconociendo los cambios democráticos que se han dado en Latinoamérica a través de la voluntad popular, como lo expresó recientemente en su Congreso conmemorativo de los 50 años del manifiesto de Simacota.

Pero el Gobierno también debe ser coherente frente al proceso. Debe nombrar sin más dilaciones a un Ministro de la Defensa que conduzca a las Fuerzas Armadas al respaldo pleno al proceso de paz, retirar el proyecto de reforma al fuero penal militar, abstenerse de seguir promoviendo una agenda legislativa que profundiza las injusticias sociales -germen de nuestras violencias- y ser garante efectivo del respeto a los derechos humanos de toda la población.

El Cajar coincide con sectores populares agobiados por la injusticia y la exclusión en que el fin de la confrontación militar no es la paz, pero es un paso indispensable hacia ella. El pueblo debe apoderarse de la democracia en función de hacer respetar sus propios derechos. Pretender que las elites que han gobernado este país generado tanto crimen, tanta violencia y tanta desigualdad son las que han de ofrecernos el país digno que necesitamos es ingenuo. Y las guerrillas, que se levantaron en armas para redimir las injusticias que padece el pueblo, han comprendido que es la movilización y participación popular la que ha de lograr que, en democracia, nuestro pueblo sea el protagonista de su propio destino.

El Cajar seguirá respaldando las negociaciones hacia la terminación del conflicto armado, seguiremos contribuyendo a la consolidación del Clamor Social por la Paz, del Frente Amplio por la Paz y -bajo el mandato que nos ha dado la Plataforma Colombiana Democracia, Derechos Humanos y Desarrollo para representarles en el Consejo Nacional de Paz- seguiremos reclamando la paz con justicia social, para que avancemos hacia una Colombia donde la prosperidad radique no en la riqueza de unos pocos sino en el bienestar individual y colectivo, fundado en el respeto integral e indivisible de todos los derechos humanos.

Les deseamos a todas las personas y organizaciones que luchan por la paz de Colombia que puedan potenciar al máximo su amor social, su compromiso de transformación en la unidad de las fuerzas sociales y populares para que este 2015 sea el año de consolidar nuestras luchas. Que no seamos inferiores a los retos que nos impone la coyuntura y la historia, que podamos lograr que la vida triunfe sobre la muerte y la esperanza sobre la incredulidad.

Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo"