jueves, 23 de abril de 2015

Malos aires.

Malos aires.

 
Por: José Darío Castrillón Orozco.
 
“No hay que perder el ánimo y la esperanza ante las dificultades que esta tarea encierra, y seguir trabajando por la verdad, la justicia, la reparación, y las garantías de no repetición.”
Papa Francisco en carta a los colombianos, en marzo 31 de 2015, alentando sobre el proceso de paz y la atención a las víctimas.
 

Un hecho de guerra, pan diario durante medio siglo, tiene convulsionado el país, y en entredicho al proceso de paz en La Habana, Cuba. Se trata de un enfrentamiento en el municipio caucano de Buenos Aires, que dejó un saldo de 11 soldados muertos, y dos decenas de heridos. Lo mismo de siempre, hasta anunciado era tal combate. Pero la reacción a este es inusual.

Inusual porque la vida de un soldado no vale nada, porque a nadie importa lo que pasa a más de doscientos kilómetros de Bogotá, y por lo común del episodio en una guerra que además de degradada está banalizada. Por ello es sospechoso. Mucho más si se observa la forma en que se concertaron los medios a decir mentiras en poco tiempo, mostrando tropas de élite como víctimas; o cómo se vio forzado el presidente, tras la reunión con el alto mando militar, a cambiar de postura en una hora.

Lo que siguió fue una andanada contra el proceso de paz, contra el presidente, y hasta contra el Estado Social de Derecho, enmascarada en un ataque a las FARC. Las consecuencias inmediatas son un retroceso considerable en los diálogos de paz, y una amenaza para la estabilidad institucional.

Atacaron todos a una contra un proceso admirable, dada la complejidad del fenómeno de la guerra civil no declarada en Colombia; dada la condición, impuesta por el propio gobierno colombiano, de negociar en medio del conflicto; y admirable por el lugar preponderante que han adquirido las víctimas en el mismo. Colombia, que desde las andanzas de Pablo Escobar no merecía la mirada del mundo, ahora es punto de referencia por el proceso sui generis que adelanta.

El proceso sufre un retroceso considerable. Primero en términos de credibilidad, entendida como la percepción que las partes han alcanzado sobre la disposición de la contraparte para hacer la paz. Y esta pérdida se traslada a la opinión general, se le carga al ciudadano en desesperanza, y ha de retornar como apremio para la guerra. Probable objetivo de quienes provocaron el enfrentamiento en Cauca.

Claro está, ha de llevar a un endurecimiento de las posiciones en la mesa de negociación, justamente cuando se entra a discutir el tema que más tiene distanciadas a las partes, donde se requiere mayor elasticidad: La justicia transicional.

La consecuencia más evidente, de la que se deriva la amenaza institucional, es el fortalecimiento de los enemigos de la paz, que ya no son agazapados como antaño, sino que actúan libre e impunemente por las sendas del espectro electromagnético. Son quienes sacan dividendos de la guerra, tanto políticos, como los que dan el tráfico de armas, y de cocaína, y de personas, y el robo de tierras.

Los enemigos de la paz pasaron de la parapolítica a la necropolítica, su combinación de todas las formas de lucha ahora los tiene disputándose cadáveres para hacer politiquería, devorando carroña humana. Y en nombre del error militar del Ejército de Colombia, se tiene al muy prevaricador Procurador General haciendo campaña para su próxima candidatura presidencial, con su pútrida monserga contra la paz. Y al uribismo, soliviantando a las fuerzas armadas contra el gobierno, haciendo proselitismo en los cuarteles, con llamamientos al golpe militar, porque no es otra cosa que se le pida la renuncia al presidente de la República desde las brigadas, aunque lo hagan bocones tras las enaguas de esposas y madres.

Estos devaneos fascistoides del autodenominado Centro Democrático, de conformar un partido castrense, desvelan la existencia de un clientelismo militar en Colombia, levantado a punta de populismo belicista, y de sobornos al sector corrupto de las Fuerzas Armadas con ofertas de impunidad a su acumulado de crímenes. Una amenaza al Estado Social de Derecho.

Tal alharaca belicosa pretende desterrar la paz como valor fundamental de la sociedad, como finalidad del ordenamiento jurídico, y proscribirla del derecho constitucional. Lograron, en un intimidante concierto contra la paz, golpear la confianza ciudadana en el proceso, revertir el compromiso presidencial de suspender los bombardeos (que esta guerra se haga a bombazos de lado y lado no es ventaja de nadie, sino signo de su degradación), y provocar a las FARC para que rompan su cese al fuego unilateral. Igualmente, lograron hacer más frágil el proceso, dadas las amenazas de suspenderlo, así como la pretensión de poner plazos fatales, una trampa de los enemigos de la paz en la que se ha visto tentado a caer el gobierno. La retórica presidencial de no dejarse presionar por la insurgencia enmascara una intensa presión de la extrema derecha, que desde los cuarteles resuella sobre el cuello del ejecutivo.

Llama la atención que la insistencia de los voceros conservadores nacionales, Tartufo Ordoñez incluido, de indagar por la unidad de las FARC antes de dialogar con ellas, no tenga tanto sentido como el de indagar por la unidad y coherencia del Estado colombiano, porque es este el que ha venido haciendo el ridículo al negar las reglas acordadas cada vez que sufre un revés, como pasó cuando capturaron al general Martínez, y ahora con el golpe sufrido en Buenos Aires, Cauca.

Las producciones macondianas llevan un sello paradojal: Los plazos para acelerar el proceso de paz no producirán sino retrasos adicionales; La supuesta indignación por los soldados muertos, no hace que se dejen de producir bajas de guerra, sino más combatientes caídos; El fortalecimiento del Estado Social de Derecho para garantizar la no repetición del conflicto se desvirtúa con engendros cuartelarios; y cuando se venía en la mejor de las dinámicas para desescalar el conflicto se termina es desescalando la paz, alentando la guerra. El paso de un proceso admirable a una colombianada.

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